¿La fuerza de la coima?
El nuevo caso del fiscal Jorge Cabrera, quien fue detenido recibiendo una presunta coima, remece las estructuras del Ministerio Público de Cajamarca que -sumado al anterior caso del fiscal Guillermo Vargas- deja dudas y sospechas del trabajo que realiza este organismo defensor de la legalidad.
La detención de dos fiscales recibiendo presuntas coimas genera una terrible desconfianza de la población ante el Ministerio Público.
Es lamentable, vergonzoso y nauseabundo el accionar de algunos fiscales que prefieren la coima para “administrar justicia” a favor de quien no la merece.
El Ministerio Público se define -según su página web- como “el organismo constitucional autónomo creado para defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia”.
Pero, pareciera que estos magistrados intervenidos, detenidos e internados en el penal Huacariz olvidaron este principio rector de su institución que los alberga y que además les provee de una onerosa remuneración. Fueron intervenidos recibiendo dinero de litigantes, quienes señalaron que era una coima solicitada por los fiscales.
El Ministerio Público agrega en su página web que su visión es “ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución moderna y confiable, consolidada por la excelencia de sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y forense; que contribuye a una recta y real administración de justicia y de esta manera a la convivencia pacífica y al desarrollo de la sociedad”.
Lamentablemente el accionar de algunos fiscales denigra a esta institución y daña su imagen ante la sociedad.
Ante esta realidad y con dos fiscales detenidos por recibir presuntas coimas, uno desde fines de agosto, el Ministerio Público se ve involucrado -una vez más- en una situación que merece el rechazo inmediato y una acción correctiva contundente.
Lamentablemente, estos casos desnudan algunas debilidades del Ministerio Público y genera una mayor desconfianza de la población en sus autoridades encargadas de defender sus derechos y administrar justicia.
Una situación que no fue afrontada con contundencia por los representantes del Ministerio Público en Cajamarca, quienes a la fecha no emitieron pronunciamiento oficial alguno.
Consideramos que este caso debe ser investigado con firmeza, transparencia y celeridad para que la población vea -en las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial- una intención de administrar justicia con equidad y aplicando los correctivos y sanciones que la ley dispone.
El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la oportunidad de demostrar que la lucha contra la corrupción puede empezar por casa.
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