Sangre derramada que sí es olvidada
La racha de accidentes producidos en nuestra región con saldos lamentables nos lleva a exigir la inmediata acción de las autoridades locales, regionales y nacionales, ya que como dijimos en un comentario del 12 de agosto, tras el accidente en Cospán, el dolor insoportable de perder a un ser querido se manifiesta “crudo e injusto” en cada accidente de tránsito.
Ahora, dos accidentes consecutivos en San Pablo y Chota nos dejan 5 muertos. Terrible realidad que tiene como causas a diversos factores, desde la irresponsabilidad de los empresarios transportistas y conductores hasta la desatención e incumplimiento de sus obligaciones de las autoridades y funcionarios del sector Transporte y la Policía Nacional.
Hoy, reiteramos varios conceptos expresados en aquel comentario del 12 de agosto, que a pesar de transcurrir 3 meses de ese accidente, la realidad y las consecuencias son las mismas.
La tragedia de Cospán del 10 de agosto de 2010 fue una repetición, ya que en mayo de 2009, la muerte disfrazada de “couster asesina” de la empresa “Kurrungo” se llevó a 27 pobladores de este alejado y olvidado distrito.
Las autoridades de Transporte -desde el ministerio hasta las direcciones regionales- pregonan que supervisan y fiscalizan a las empresas que brindan servicio interprovincial, pero los resultados señalan que no existe acción alguna contra las empresas irresponsables.
Conocemos que lazaron una millonaria campaña publicitaria de “Tolerancia Cero” asegurando que se reducirían los accidentes, pero las muertes aumentaron en las pistas del país y de nuestra región.
Recordamos la tragedia del sábado 10 de enero de 2009 cuando un ómnibus de la empresa “Dr. Óptimo Serrano” cayó a un abismo de 250 metros y dejó 35 muertos y 23 heridos, cuando se trasladaba de Chiclayo a Querocoto (Cutervo).
Una inacción terrible de las autoridades municipales, del sector Transportes y Policía de Carreteras permite el accionar de empresas irresponsables que violan la ley y abusan de sus usuarios, terminando con tragedias como la de Cospán.
La responsabilidad la comparten las autoridades municipales que otorgan las licencias de funcionamiento en su jurisdicción, las del sector Transportes que permiten que estas empresas circulen sin cumplir con la legislación vigente y la Policía de Carreteras que no interviene en las rutas.
También consideramos que tienen responsabilidad las autoridades del Ministerio Público a través de sus fiscalías de Prevención del Delito que en la mayoría de casos nunca prevén nada.
Se suman las autoridades del Poder Judicial que no aplican sanciones severas a los empresarios irresponsables cuando son denunciados y cuyas unidades de transporte terminan -en terribles accidentes- con la vida de sus pasajeros.
Esperamos una reacción inmediata de las autoridades para que el dolor, la tragedia y la muerte ya no se repitan.
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