Reclamos y protestas
El descontento popular por los resultados de las elecciones municipales se manifestó en varias jurisdicciones de nuestra región y el país. La elección regional no encontró mayores cuestionamientos.
La reacción de la población se expresó con simples manifestaciones en contra del proceso, actos violentos de algunos ciudadanos que incursionaron en los locales de votación, denuncias públicas de actos delictivos, presentación de solicitudes y memoriales exigiendo la anulación de las elecciones, entre otros reclamos.
Ejemplos claros fueron los hechos de Magdalena, Asunción y Llacanora (Cajamarca), Niepos y La Florida (San Miguel), Bellavista (Jaén), entre otros distritos, además de la provincia de San Marcos.
Las denuncias se presentan desde electores golondrinos, compra de votos con dinero y regalos, hasta acusaciones contra funcionarios de las entidades electorales de parcializarse a favor de algunos candidatos ganadores de las elecciones.
Un problema grave que empaña la transparencia y cuestiona a un proceso en el que se debe elegir a las autoridades que trabajarán directamente con la población. Un proceso en el que -según se afirma- se elige al mejor vecino, pero que termina con serios cuestionamientos a la elección de los alcaldes distritales y provinciales de las jurisdicciones donde se presentaron las protestas.
Los reclamos ciudadanos encuentran mayor asidero ante la lentitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sus entes descentralizados para concluir con el conteo de votos y entregar los resultados finales del proceso municipal y regional.
Un proceso precedido por una campaña proselitista plagada de una terrible guerra sucia y asquerosa en la que los candidatos apelaron a todo tipo de artimañas con la finalidad de conseguir la victoria electoral.
En esta tribuna hablamos -durante la campaña- que muchos candidatos apelaban a los electores golondrinos y a la compra de votos, acto repugnante en el que terminaban “embarrados” postulantes y electores.
Seguro que muchos nos exigirán pruebas de estos hechos; pero al margen que nunca encontraremos un recibo por el pago que hacen los candidatos a los electores, es voz pópuli que este “negociado” se practica en todas las campañas proselitistas.
También se conoce que los candidatos -especialmente los reeleccionistas u oficialistas- apelan a regalos, comilona y otras prebendas, utilizando -en la mayoría de casos- los recursos de las instituciones públicas... ¿cuántos fueron sancionados por las autoridades fiscalizadoras o del Ministerio Público y Poder Judicial? Ninguno.
Otro ardid electorero que descubrimos en este proceso de elecciones fue la compra del DNI. Argucia que la aplicaron aquellos candidatos “millonarios” para disminuir el apoyo de sus adversarios. ¿Se investigó estos casos? No. ¿Se interesaron las autoridades por sancionar a quienes cometieron estos delitos? Ni siquiera se dieron por enterados.
Ante tantos problemas que se vive en los distritos y provincias y que distorsionan los procesos electorales, la reacción popular no se hace esperar.
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