¿Fiscales confiables?
La detención y posterior internamiento en el penal Huacariz del fiscal Guillermo Vargas Cerna acusado de “cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado” coloca -nuevamente- en tela de juicio el desempeño del Ministerio Público y -de taquito- del Poder Judicial.
Guillermo Vargas fue intervenido y acusado por un presunto cobro de coima de 800 soles a un empresario, quien -según las autoridades de la fiscalía- denunció que le pidió el dinero para favorecerlo en un proceso por conducir en estado de ebriedad.
La intervención y detención del fiscal -“con el dinero en el bolsillo”- fue contundente y parecía que la coima estaba consumada y comprobada.
Luego, el defensor público (abogado de oficio), Fredy Sánchez Pinedo, -en el juicio oral- realizó una buena defensa, tratando de desvirtuar las acusaciones del fiscal superior Germán Dávila Gabriel.
El defensor público argumentó que el caso del empresario se encontraba resuelto cuando el fiscal Vargas Cerna fue intervenido y detenido, por lo que la versión de un supuesto cobro para favorecerlo quedaba descartada.
Agregó -como otro argumento de defensa- que al no existir posibilidad de favorecer al empresario y siendo este amigo del fiscal Guillermo Vargas, los 800 soles fueron solicitados en calidad de préstamo, situación que revertía la grave acusación hecha al magistrado.
Pero, cuando el juicio oral parecía que resultada favorable al fiscal intervenido y detenido, el caso dio un giro de 180 grados.
Resulta que Guillermo Vargas no pudo responder al magistrado Fernando Bazán Cerdán, quien tiene su caso, por qué solicitó el préstamo de 800 soles, si un fiscal recibe un muy buen sueldo.
Vargas Cerna tampoco pudo responder para qué solicitó los 800 soles, aunque atinó a decir que los necesitaba para asuntos personales, pero el magistrado le recordó que él recibe un sueldo oneroso.
La situación de Guillermo Vargas se remató cuando el magistrado le indicó al acusado que si el empresario era su amigo, por qué lo denunció y acusó que le pidió dinero para favorecerlo. No hubo respuesta contundente del detenido.
Lamentablemente, este caso desnuda algunas debilidades del Ministerio Público y genera una mayor desconfianza de la población en sus autoridades encargadas de defender sus derechos y administrar justicia.
Una situación que no fue afrontada con contundencia por los representantes del Ministerio Público en Cajamarca, quienes a la fecha no emitieron pronunciamiento oficial alguno.
Consideramos que este caso debe ser investigado con firmeza, transparencia y celeridad para que la población vea -en las autoridades de la Fiscalía y el Poder Judicial- una intención de administrar justicia con equidad y aplicando los correctivos y sanciones que la ley manda.
El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la oportunidad de demostrar que la lucha contra la corrupción puede empezar por casa.
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